El tribunal supremo puso fin a semanas de incertidumbre sobre quién debía ser el sujeto pasivo del Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).
Su decisión, probablemente fuera la más valiente sabiendo que no recibiría el apoyo popular. También es indudable, que evitará una oleada de nuevas demandas en los juzgados por este tema para que los bancos
procedan al pago de dicho impuesto. Un nuevo episodio de este tipo como ya lo fueron las cláusulas suelo hubiera colapsado el sistema judicial, todavía ranqueante de las cláusulas suelo.
Sin embargo, lo más curioso a mi parecer ha sido el decreto ley redactado por el Gobierno de España en menos de 48 horas. Todos sabemos que las cosas de palacio van despacio y por ello sorprende la rapidez con la que ha reaccionado el ejecutivo y ha podido redactar dicho decreto.

Preguntas y respuestas sobre el impuesto de actos jurídicos documentados

Se me ocurren algunas preguntas que quizás conozcamos su respuesta en los próximos días:
– ¿ Estaba preparando el Gobierno de antemano este plan B ante esta hipotética resolución del Supremo?
– ¿ Si nadie llevaba en su programa electoral la supresión del Impuesto de actos jurídicos documentados, cómo es que ahora hay partidos políticos que se apresuran a indicar que lo suprimirán si llegan a gobernar o como el propio PSOE que ha sido capaz de redactar un decreto ley en menos de 48 horas?
– ¿Acaso no somos conscientes todos que los bancos repercutirán este coste dentro de los gastos financieros de la hipoteca que tendrá que asumir el contribuyente?
– Sabiendo esto, ¿no parece una medida a la galería de poco calado?
Parece que es más elegante oficialmente decir que lo van a pagar los bancos, cuando en definitiva el Estado no quiere dejar de recaudar este impuesto, y finalmente seguirá recaudándolo de forma indirecta al contribuyente pero a través de los bancos.
En resumen, esta visión miope de las cosas, nos hace no ver la realidad de todo, y es que en el fondo, nada cambia.