Hoy conocíamos la noticia, publicada en uno de los principales periódicos de la órbita nacional de un caso de fraude empresarial.

Un empleado de la entidad bancaria BBVA, en concreto de la rama de banca de patrimonio, perdió entre 50 y 60 millones de euros, tras haber burlado los controles de seguridad de la entidad financiera.

Fue en 2018 cuando la empresa identificó al empleado que cometió el delito financiero, que no tuvo más remedio que dimitir al destaparse el fraude económico.

El modus operandi derivaba de un cambio no autorizado que realizaba este empleado en el perfil del riesgo de los clientes, lo que permitía realizar inversiones especulativas sin autorización, invirtiendo en productos de alto riesgo y perdiendo todo el dinero de los afectados. Posteriormente para intentar restituir el capital perdido por parte de los clientes, el empleado solicitó créditos no autorizados para los clientes afectados, y modificaba los informes que se enviaban a los clientes proporcionándole información falsa.

¿Cómo detectaron los clientes el fraude empresarial?

Los clientes detectaron el fraude empresarial precisamente por la información que les suministraron otras entidades bancarias que a su vez obtenían información de informe CIR del Banco de España.

En ese informe, se pone de relieve el endeudamiento de cualquier persona física o jurídica.

La entidad financiera ha restituido los fondos a los clientes afectados y paralelamente se ha denunciado al antiguo empleado, que como decíamos dimitió tras reconocer sus inversiones especulativas sin autorización y haber dado información falsa a los afectados.

Asimismo, esto le costó el puesto en el BBVA  los responsables de la división de banca privada para la zona de Madrid y Castilla-La Mancha.

Según fuentes jurídicas consultadas el  empleado podría haber cometido delitos de falsedad -lo que implicaría penas que van de seis meses a tres años, además de una multa que depende de la capacidad económica- y estafa, que, si fuese considerada de continuidad, podría concurrir en una pena de tres años y medio a seis años de cárcel, además de la consiguiente multa.

Como perito economista para fraude empresarial, nos enfrentamos a estos casos cada vez con más frecuencia donde recomendamos a las empresas que fortalezcan sus sistemas de control interno, y mejoren sus procedimientos de auditoría interna para evitar perjuicios económicos como el aquí relatado.